Una queja a Estados Unidos por Gavazzo y análisis sobre "ventajas" de entregar a Elena Quinteros: lo que muestran los archivos de la dictadura en la Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores digitalizó una serie de documentos que muestran la coordinación represiva en el marco del Plan Cóndor

En el marco del mes de la memoria, el Ministerio de Relaciones Exteriores digitalizó y dio a conocer diez documentos de "casos emblemáticos" de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el Plan Cóndor.

Los documentos provienen del archivo diplomático y fueron dados a conocer el lunes en un evento encabezado por la vicecanciller Valeria Csukasi.

En la conferencia, la archivóloga Mariela Cornes señaló que los documentos evidenciaban que la Cancillería cumplió un “papel clave” en tres niveles: el control de los uruguayos exiliados en el exterior; la defensa de la imagen del régimen ante la comunidad internacional, y la coordinación con las cancillerías de los países de la región.

Los archivos muestran, por ejemplo, cómo la embajada en Argentina solicitaba instrucciones acerca de cómo manejarse ante uruguayos que se presentaban en oficinas consulares o daba cuenta acerca de la cancelación de los pasaportes de Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz para que “no salieran” de Argentina.

También cómo Ferreira Aldunate fue seguido mientras estaba en Estados Unidos o cómo, aún en democracia, la embajada en Chile pedía tener un agregado militar para “vigilar” a “sediciosos” que habían ingresado.

Gavazzo, Pons y el reclamo a Estados Unidos

Uno de los documentos aporta nuevos detalles acerca de la frustrada intención de la dictadura de designar al mayor José Nino Gavazzo como agregado militar en Estados Unidos y al coronel José Pons en la Junta Interamericana de Defensa en Washington.

El archivo consiste en una carta enviada por la embajada de Uruguay al Departamento de Estado el 21 de enero de 1977 en la que expresa su disconformidad con la decisión del gobierno norteamericano de no otorgar el beneplácito a los nombramientos.

La información que se conocía, a partir de publicaciones de prensa y documentos desclasificados, era que Estados Unidos había rechazado las designaciones porque la CIA tenía datos de que ambos habían manifestado su intención –en el marco del Plan Cóndor– de asesinar al legislador estadounidense Edward Koch, enemigo de la dictadura uruguaya, tal como cuenta el periodista Leonardo Haberkorn en su libro Gavazzo, sin piedad.

“Poco después, el excanciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, fue asesinado en Washington, lo que vino a demostrar que no era descabellado que las dictaduras del Cono Sur se propusieran atentar contra sus enemigos en territorio norteamericano”, escribe Haberkorn.

El documento digitalizado por la Cancillería detalla cómo fueron las conversaciones entre los gobiernos y el rechazo formal de Uruguay al considerar que ambos eran “correctos e intachables” funcionarios.

El 20 de diciembre de 1976, el secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Harry Walter Shlaudeman, le transmitió de manera “informal y personal” al embajador uruguayo en Washington, José Pérez Caldas, su “preocupación” por la designación y le sugirió “en forma personal y amistosa” que el gobierno estudiara la conveniencia de “revisar” los nombramientos.

El argumento era que había una gran “sensibilidad” tras el asesinato de Letelier, ocurrido en setiembre de 1976 en Washington, y que los nombramientos podían tener efectos “profundamente negativos al punto de poder llegar a deteriorar las excelentes relaciones entre ambos países”.

Uruguay no encontró “mérito” para la revisión de las designaciones y pidió el beneplácito el 5 de enero de 1977. Ese día hubo una reunión entre el canciller uruguayo Alejandro Rovira y el embajador norteamericano en Montevideo, Ernest Victor Siracusa, quien en nombre de su gobierno expresó que “no se veía con buenos ojos” las designaciones y que esperaba una “solución feliz del asunto”.

Al día siguiente, Pérez Caldas –el embajador uruguayo en Washington– concurrió al Departamento de Estado y el director de área para Argentina, Uruguay y Paraguay, Robert Zimmerman, le comunicó lo mismo: que los nombramientos no eran “gratos”.

El archivo da cuenta que la dictadura uruguaya expresó su “sorpresa y disgusto” porque consideraba que Gavazzo y Pons eran “correctos e intachables oficiales”. “De las manifestaciones formuladas no surge razón alguna objetivamente válida que explique la posición adoptada por el gobierno de los Estados Unidos en el presente asunto”, dice.

A su vez, menciona que "no alcanza" a comprender cuál es la relación existente entre “la muerte” (asesinato) de Letelier y la "sensibilidad" que generó con la designación de ambos.

“Es un elemento insólito y de inusitada gravedad que a juicio del gobierno uruguayo debe desecharse in limine. Configura un caso claro de intervención en los asuntos internos del Estado uruguayo”, cierra.

El secuestro de Elena Quinteros

Otro de los documentos es un memorándum de la Cancillería en el que se analiza la conducta a seguir en el marco del “caso Venezuela”, el nombre que se le dio al secuestro y posterior desaparición de la maestra Elena Quinteros.

En el archivo se discuten las posibles “acciones a implementar” y se analizan “las repercusiones que cada una de ellas podía implicar para Uruguay desde el punto de vista de las relaciones internacionales”.

Quinteros era maestra y militante del grupo Resistencia Obrero Estudiantil (ROE). Fue secuestrada el 24 de junio de 1976 en su apartamento de Ramón Massini en Montevideo y llevada a un centro de torturas. El proyecto sitiosdememoria –que colaboró con la digitalización– detalla que bajo tortura, el 28 de junio convenció a sus captores que tenía un encuentro con un “compañero al que entregaría” y se hizo llevar a Bulevar Artigas y Palmar, a pocas cuadras de la casa donde se encontraba la embajada de Venezuela.

Logró escaparse, trepar el muro e ingresar en los jardines de la embajada, pero sus captores la atraparon dentro del recinto. El Consejero y el Secretario de la Embajada trataron de impedir el secuestro, pero los represores la arrastraron afuera y se la llevaron en un vehículo militar.

El memorándum es del 2 de julio, pocos días después del secuestro. Ilustra que hubo un telegrama del presidente de facto, Alberto Demicheli, a su par venezolano Carlos Andrés Pérez, y analiza dos alternativas: entregar a Quinteros o no entregarla.

Respecto a la negativa, el documento nombra dos ventajas: “no entregar la prueba de un acto ilícito” y evitar “cualquier tipo de declaración de la misma en nuestra contra”, en referencia a Quinteros.

A su vez, detalla una serie de desventajas. La primera y más importante es la posible ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, algo que finalmente ocurrió. La segunda es que deteriorará “aún más” la imagen del país. “Se nos presenta como violadores de instrumentos internacionales vigentes, sobre todo en institutos tan universalmente sensibles”, agrega y plantea que “daría políticamente razón a la campaña internacional” en contra de la dictadura.

Al analizar las ventajas de entregar a Quinteros, la Cancillería señaló que evitaba la ruptura de relaciones diplomáticas, ratificaba la posición de “cumplidores fieles de los compromisos internacionales” y constituía una “posición explotable internacionalmente a favor”.

Como desventajas, los diplomáticos mencionaron que el país aparecería haciendo entrega “bajo presión de Venezuela”, reconocería la “comisión de un acto ilícito” y, posiblemente, Quinteros hiciera “declaraciones en contra” del régimen.

Aunque concluyen que la mejor alternativa era la entrega, eso no ocurrió.

De acuerdo al informe de la Comisión para la Paz, Quinteros fue trasladada al sitio conocido como “300 Carlos”, donde fue torturada y ejecutada a principios de noviembre de 1976, tal como también da cuenta el informe que realizaron las Fuerzas Armadas al presidente Tabaré Vázquez en 2005. Sigue desaparecida.